Entrevista que hice para Pax Noticias a Benjamín Cuellar.
La ley de amnistía para la consolidación de la paz en El Salvador fue aprobada el pasado 20 de marzo del año 1993, y según Benjamín Cuellar, director de Idhuca, es inconstitucional y fue aprobada con dispensa de trámite, violando el principio de publicidad y sin discutir ni debatir los artículos. Por eso esperan que la Sala de lo Constitucional la declare inconstitucional y luego se derogue.
Una Ley de Amnistía es una legislación que otorga la extinción de la responsabilidad penal sobre delitos cometidos en un período y un territorio determinado. En el caso de El Salvador, la ley de amnistía actual prohíbe que se condenen o se persiga a todos los que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la guerra, autores materiales e intelectuales.
Esa ley de amnistía fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de marzo de 1993, y según Benjamín Cuellar —director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca)— es inconstitucional y fue aprobada con dispensa de trámite, violando el principio de publicidad, y sin discutir ni debatir los artículos. En el acta legislativa se refleja que, incluso, hubo confusión en los parlamentarios: creían haber votado por la aprobación de la ley, pero lo habían hecho por la dispensa de trámite. Cuando se percataron del error, dos partidos políticos ya no estaban en el Congreso; de este modo, solo tres fracciones, sin análisis de ningún tipo, leyeron artículo por artículo y aprobaron la nueva normativa en menos de quince minutos.
Por eso, Idhuca y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), presentaron el 20 de marzo del presente año a la Sala de lo Constitucional una demanda que busca la nulidad y declaratoria de inconstitucionalidad con la que se pueda partir para las investigaciones, juicio y castigo de los victimarios impunes protegidos por la amnistía.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que se presenta una demanda de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, Benjamín Cuellar dijo a Pax Noticias que desde 1993, cuando se aprobó, también se presentó la demanda:
—La primer demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, la firmé en 1993, hace veinte años. Lo digo porque hay gente que piensa que hemos hecho esta demanda para dañar la candidatura del FMLN. Pero yo hace veinte años no me imaginaba que Salvador Sánchez Cerén iba a ser el candidato. Entonces no lo hemos hecho por eso, sino porque la Ley de Amnistía nunca fue mencionada en los Acuerdos de Paz. Nosotros estamos convencidos que ha sido la piedra de tropiezo para que siga corriendo la sangre y siga la impunidad, no como dijo Francisco Flores: “Es la piedra angular del proceso de Paz en El Salvador”. Entonces para esa demanda, de 1993, la Sala de lo Constitucional resolvió que era un asunto político, por lo tanto era improcedente. Nosotros no estábamos pidiendo que dijeran si era a favor de un partido o de otro, estábamos pidiendo que se pronunciara si era constitucional o no, que eso es lo que corresponde a la Sala.
Ya para septiembre del año 2000, la Sala de lo Constitucional resolvió diciendo que la ley de amnistía era constitucional pero con excepciones. Cuellar al respecto dice:
—Esas excepciones eran la auto-amnistía. La Constitución contempla que si usted es funcionario de un gobierno y es acusado de algún delito no puede ser amnistiado durante ese gobierno. Y eso pasó con Cristiani y funcionarios de su gobierno que se auto-amnistiaron. Otra excepción es la violación al artículo 2 de la Constitución que tiene que ver la integridad física… entonces eso que resolvió la Sala se quedó corto. En ese mismo año, 2000, nosotros presentamos a la Fiscalía General de la República (FGR) una demanda pidiendo la investigación, juicio y castigo de seis altos oficiales dentro de los cuales estaban incluidos Emilio Ponce que ya falleció, Inocente ( no más de nombre digo yo) Montano que se ha puesto de moda porque al venir huyendo a San Salvador donde se sentía más seguro en el 2011 por las órdenes de captura de España, lo procesaron por haber mentido que él no era parte de la Fuerza Armada de El Salvador y por eso lo procesaron y le dieron 21 meses de prisión, suficientes para la extradición a España. También estaba ahí Rafael Larios, ministro de Defensa. Francisco Fuentes, comandante de la primera brigada de infantería. Rafael Bustillo, general de la Fuerza Armada. Y Orlando Zepeda, viceministro de Defensa.
La FGR llevó esa demanda en diciembre de ese mismo año 2000 al juzgado tercero de Paz, y el fallo de la juez fue que no los podía amnistiar por la sentencia de la Sala pero que ya estaba prescripto porque ya habían pasado los diez años para perseguir el crimen. Cuellar expresa que:
—Eso (la prescripción) es una cosa aberrante porque la amnistía no permitía investigarlos, entonces ese tiempo no corría según el código procesal penal. Los han protegido siempre y los han hecho intocables.
Benjamín Cuellar espera que la Sala de lo Constitucional no diga lo que dijeron las Salas anteriores porque hay una sentencia de la corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso del Mozote, donde se dice que la Amnistía no se puede aplicar, ni en casos similares.
Para él, es necesario que se derogue y si es posible se anule la ley de amnistía porque ha sido el pretexto para que en la Fiscalía no hayan movido los casos y demandas que ellos (Idhuca) presentaron con las víctimas para llevarlos a los tribunales.
Cuellar también dice que esta ley de amnistía afecta psicosocialmente a las víctimas:
—Esta ley de amnistía también ha sido un factor psicosocial porque afecta a las víctimas, que conviven con victimarios que se sienten protegidos por esa ley. Eso produce temor para denunciar.
En caso se derogue pronto esa ley, Cuellar expresa que las víctimas comenzarán a exigir los procesos de investigación, juicio y castigo de los victimarios. En donde algunos victimarios de la actual contienda electoral podrían ser perjudicados al abrirse un proceso para ellos.
—Mire— comenta Cuellar— nosotros no estamos pidiendo que se derogue esta ley para afectar a la candidatura de Salvador Sánchez Cerén. A nosotros no nos importa a quién afecta. Nos interesa a quiénes beneficia, y los beneficiados serán las víctimas de antes, durante y después de la guerra que por fortalecer la impunidad han muerto y desaparecido tanta gente.
—Dado que estamos en campaña electoral, muchos podrían pensar eso… que hay detrás de esta demanda una intención política.
—Pero ¿cuándo más podría ser? Si siempre estamos en campaña. Y como adelantan, inconstitucionalmente, las campañas electorales siempre estamos en campaña. Terminan estas de 2014 y comienzan la del 2015. ¿Entonces cuándo será el momento de las víctimas para la verdad, justicia y reparación integral? Además nosotros no lo presentamos en campaña, nosotros la presentamos el 20 de marzo de este año, junto con una demanda de inconstitucionalidad sobre la prescripción de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
—Por otro lado, director Cuellar, se dice que el reciente cierre de Tutela Legal tiene como propósito ocultar los archivos para que no exista esa información a la hora de investigar los casos cuando la ley se derogue ¿Cree usted que esa es la verdadera razón?
—Mire, no puedo especular. No tengo la información. Acaban de anunciar la creación de una comisión para establecer la nueva oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Básicamente con las mismas funciones, por lo menos en lo que he conocido. Yo sí creo que después de tanto que se ha dicho, si hay mala administración, corrupción y cuando se dice una cosa y se dice otra… se van cerrando los espacios para el diálogo y no queda más que hacer uso de las instituciones para esclarecer las cosas. Entonces pienso yo que eso que se ha dicho, que tiene que ver con la admisión de la demanda de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, no debería inquietar a las víctimas. Esto no debería causarles preocupación. Porque archivos hay acá en Idhuca, en la asociación pro-búsqueda… es decir, hay información. Obviamente los archivos de Tutela legal son importantes, pero hay más en otros lugares. Además hay en el informe de la Comisión de la Verdad mucho de lo que está en Tutela Legal. Hay que aprovechar la coyuntura para exigir a las naciones Unidas y a las partes que firmaron todos los acuerdos, que ya fueron gobierno uno y otro, que regresen los archivos de la Comisión de la Verdad que están en Nueva York, embargados y secuestrados. Además están las víctimas y su testimonio pesa. Es decir, información hay, a parte de los archivos de Tutela legal.
—¿Y si no se logra la derogación? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
—Es que la ley de amnistía ya está derogada de hecho y de derecho por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque esas sentencias son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado Salvadoreño. La sentencia dice que “No se puede aplicar la Ley de Amnistía en esos casos”.
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La admisión de la demanda fue firmada el 20 de septiembre por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y por el magistrado suplente Germán Álvarez. Click aquí para leer el comunicado de prensa de la Sala de lo Constitucional.
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